Extraído de http://redjuridica.wordpress.com
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(Gracias Eduardo)
En un tiempo de crisis financiera como el que nos está tocando vivir y que nos está llevando peligrosamente a un estado de emergencia social (paro, desahucios, marginalidad, precariedad…), con el desmantelamiento progresivo y quedo del “estado del bienestar”, con los partidos políticos en franco retroceso como representantes legítimos de los ciudadanos y con unos sindicatos mayoritarios incapaces de abanderar la reacción frente a tales ataques; es la respuesta cívica y ciudadana organizada desde la base la que está plantando cara a los abusos de los poderosos. Es en este escenario de agitación social en el que el gobierno ha decido utilizar la “criminalización de los movimientos sociales” como una medida más de la política de “austeridad y recortes”, conscientes de que los ciudadanos no iban a quedarse impasibles ante la destrucción de todo aquello que se consiguió con años de luchas sociales y que ahora la lógica del sistema pretende destruir sin más. El estado necesita enemigos para autoafirmarse y tratar el descontento social como tal, siempre ha sido la vía más rápida para intentar neutralizarlo legalmente.
La política de criminalización de los movimientos sociales y ciudadanos, supone diversos grados de control y represión que conllevan otras tantas estrategias mediáticas, policiales y judiciales. Para llevar a cabo estás políticas de criminalización, el gobierno no ha tenido empacho en “forzar la ley” – como reconoció expresamente el ministro del interior Jorge Fernández Díaz – para legitimar, entre otras muchas cosas, las identificaciones injustificadas o detenciones aleatorias, la prohibición de concentraciones y manifestaciones pacíficas, la sanción de la resistencia pasiva o la fiscalización de las redes sociales; o directamente incumplir la ley, como ocurre con la falta de identificación de los agentes de policía durante sus intervenciones. Todas ellas medidas de dudosa legitimidad democrática, escaso amparo constitucional, nimia eficacia desde un punto de vista criminológico y nula proporcionalidad en cuanto a los hechos que se pretenden combatir.
En el caso del encuentro del BCE en Barcelona de hace unos días, por ejemplo, se llegó a dejar en suspenso el “tratado Schengen” sobre fronteras de la U.E., algo propio únicamente de una situación de excepción.
La criminalización de los movimientos sociales pasa también por la estrategia de aplicar con severidad y desproporción las normas existentes, endurecer las penas para los autores con base en criterios subjetivos y no objetivos como exige el estado de derecho o encauzar por la vía de la sanción económico- administrativa – menos garantista – los actos de protesta pacíficos y derivar al proceso penal – más severo – actos de meros ataques contra cosas e inmuebles.
Se ha limitado el derecho de defensa a través de la rigidez del sistema para acceder al beneficio de justicia gratuita por parte de las personas con menos recursos y a la vez se ha precarizado la asistencia letrada con las lamentables y a veces “heroicas” condiciones en las que tienen que trabajar los abogados de oficio.
La inmensa mayoría de las propuestas de modificación de las normas penales que viene planteando el gobierno no hacen sino allanar el paso a la onda expansiva de la represión estatal, por el camino fácil de apelar a la seguridad, la estabilidad económica y la paz social, cercenado de base derechos y libertades que harán del “estado de derecho” cada vez más estado y menos derecho.
Se han llegado a plantear autenticas propuestas “kafkianas” tales como imputar “crimen organizado” la convocatoria de acciones de protesta a través de las redes sociales o proponer la sanción de 30.000 € a quien realice acciones violentas contra cosas o inmuebles mediante el uso de capuchas (algo que en mi humilde opinión vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo).
Todo parece indicar que nos encaminamos sin remedio a un sistema de “estado policial” donde los derechos fundamentales, políticos y ciudadanos serán furibundamente atacados alegando que “ya no son útiles por ser insostenibles”. El ciudadano descontento y reivindicativo no es ya un “voto menos” para el gobierno, sino que pasa a ser directamente un “enemigo” al que hay que neutralizar, tal y como nos recordó el jefe de policía de la Comunidad Valenciana durante las protestas estudiantiles.
El gobierno ya solo lo es para los ciudadanos conformes. El estado democrático y de derecho está quebrando.
EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
Incluso desde un punto de vista jurídico, el principio de proporcionalidad de las sanciones establece que, penas proporcionadas, cumplen su función disuasoria y hacen que el delito disminuya, mientras que penas desproporcionadas, tienden a incrementarlo.
Así, si una ley sanciona con tortura y ejecución pública, el robo de una manzana, es cuestión de tiempo, que alguien que se vea en la situación de tener que robar una manzana, se plantee intentar matar al rey que promulga tales leyes, siendo que la pena es la misma por uno u otro delito.
Por poner un ejemplo más aplicable: equiparar la convocatoria de una manifestación pacífica, con un delito de terrorismo, a la larga, tendería a operar un cambio en nuestras conciencias (sí, la ley moldea nuestro comportamiento y nuestros juicios morales), el cual llevaría a algunas personas a apostar por el terrorismo en vez de por las manifestaciones pacíficas, considerando ambos como formas ilegales de protesta y teniendo las mismas penas.
Por tanto, aparte del objetivo habitual de deslegitimar a los movimientos sociales, me da la impresión de que se está buscando, por este y otros medios, provocar una protesta violenta más o menos extendida, con la intención de elevar la represión a un nuevo nivel, tal vez incluso con el uso de las fuerzas armadas, que como hemos visto recientemente en países como Chile o Egipto (por citar dos casos con ciertos paralelismos), ya están interviniendo de manera brutal, para disolver manifestaciones pacíficas.